Comer o poner la calefacción: así es la dura vida del joven mileurista que comparte piso

Más de 300 euros. Podría ser el precio de una cama, de la comida que consumimos durante más de un mes o de la ropa que compramos para aproximadamente medio año. Pero no. Se trata de la factura de electricidad más alta que Ferran B., de 25 años, llegó a pagar junto a dos compañeros de piso. Mientras se enfrentaba mensualmente a 400 euros de alquiler, 30 de wifi y móvil y a unos 250 en el supermercado, se prometió a sí mismo que nunca más volvería a ocurrir. Cumplió su palabra. Hoy la temperatura es de unos 8 grados en las calles de Barcelona, y en el interior de la vivienda de Ferran, situada en el barrio Gótico, apenas se nota la diferencia. No tienen sistema de calefacción, así que le toca ponerse una camiseta térmica, un jersey y un polar. Cualquier cosa antes que encender el radiador y enriquecer, como dice, a las empresas que "se están lucrando con los derechos de las personas".

Un problema oculto

El concepto de pobreza energética es relativamente reciente. Llegó con la crisis económica y las estadísticas ni siquiera hoy en día acaban de recoger sus consecuencias. Hasta ahora accidentes domésticos, enfermedades e incendios provocados por velas, chimeneas o calefactores en mal estado no se relacionaban con el hecho de que esas personas tenían la luz cortada o no tenían dinero para encender la calefacción. Sin embargo se calcula que entre 1996 y 2014 han llegado a morir 7.100 personas por esta causa en España y las estadísticas de la Unión Europea de 2016 también hablan de que casi cinco millones de ciudadanos nuestro país la padecen.

Ante estas cifras muchos podemos caer en el error de pensar que es algo que se limita a las personas en exclusión social, pero nos equivocamos. “Los jóvenes no identifican que sufren pobreza energética. Creen que es lo que les toca en esta época de su vida. Pero es un problema. No solo afecta a las barriadas más humildes, se extiende en toda clase de colectivos”, nos cuenta por teléfono la portavoz de Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano.

Dejar la puerta del horno abierta después de hacer una pizza para calentar la cocina o dormir con una bolsa de agua caliente, son otras de las estrategias que ha ideado Ferran para contrarrestar las bajas temperaturas. Aunque, el hecho de haber aprendido a lidiar con ellas, no hace que se cabree menos cada vez que mira los ventanales modernistas que su casero no ha cambiado, algo que habría evitado que el aire gélido irrumpa en su rutina. “Con la subida del precio de los suministros y de la vivienda nos están obligando a compartir piso hasta mínimo los 30 y pico años como si fuéramos estudiantes eternamente. Aun así, es impensable que podamos calentar nuestras casas”, dice Ferran indignado. “Es una vergüenza. Tenemos iPhones a nuestro alcance y me mantengo en calor como si estuviera en 1917”, agrega.

Elegir entre comer o poner la calefacción

Mientras que en los últimos 10 años los salarios han sufrido un dramático descenso, los costes del agua y de la energía han aumentado un 60% durante este lapso, indica la APE en el informe Llibre Vermell. Un abuso que hace que Clara G., de 33 años, tenga que hacer una dura elección. “A los que comparten piso en ciudades como Madrid o Barcelona cobrando un sueldo de 1.000 euros, les quedan poco más de 500 para calentarse, comer y divertirse. Así que, en mayor o menor medida, muchos tenemos que escoger entre comer y poner la calefacción o comer y tener vida social”.

Al terminar de cenar, Clara va a la cocina con los platos sucios en una mano para limpiarlos y con un calefactor en la otra. Confiesa que llevárselo vaya a donde vaya es lo que más le ayuda a olvidarse de que estamos en diciembre. Otros compañeros de piso tienen sus propios trucos, como pasar el secador por la cama antes de meterse en ella o utilizar una bolsa de arroz (de las que se calientan en el microondas), aunque cuentan que una acabó infestada de bichos por culpa de un grano podrido.

Una ley insuficiente

La pobreza energética es un problema que ha enfrentado a los diferentes niveles de la administración. Los ayuntamientos no tienen competencias, y las comunidades autónomas que han intentado legislar sobre el tema, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, han visto como el gobierno interponía recursos de inconstitucionalidad. Básicamente porque tampoco les toca a ellos. Así que todo el mundo esperaba con ansias la ley del gobierno central, que llegó por fin en octubre, pero que ha decepcionado por su insuficiencia.

A grandes rasgos, la ley otorga un descuento del 40% del coste de los suministros únicamente si la suma de los sueldos de los inquilinos de la vivienda no supera los 400 euros y si se acude a los servicios sociales regularmente. En otras palabras, la mayor parte de nosotros no tenemos ninguna posibilidad de cumplir estos parámetros. “El gobierno no tiene ni idea de lo que es cobrar 400 euros. Por mucho que esta ayuda me parece bien para los que tienen menos recursos, creo que no sabe o no quiere saber los problemas de la sociedad”, dice Clara sentada al lado de su calefactor.

El frío también ha llegado a casa de Claudia B., de 27 años, para quedarse. Sin tampoco contar con sistema de calefacción, evita utilizar un split de aire caliente que implicaría facturas colosales y pasa de encender un radiador que tarda años en calentar una vivienda de altos techos. Siempre arropando sus pies con unos calcetines de lana, ha encontrado la forma de burlar al invierno mirando la tele dentro de un saco de dormir y calentándose las manos con el secador mientras trabaja desde casa con el ordenador.

A pesar de que también está resignada, su experiencia le lleva a temer que si no hay cambios podría haber consecuencias tal vez irreversibles. “Somos uno de los países de Europa en el que gran parte del potencial, los jóvenes, está marchándose porque aquí no se puede vivir. Los que se quedan son unos valientes. Si quieren que nos quedemos para construir algo, tienen que velar más por nosotros”.

Nos encontramos ante una situación desesperada a la que únicamente podremos darle un vuelco si se implanta una tarifa social que vaya en función de los ingresos, nos dice la portavoz de la APE. El conjunto de obstáculos que se interponen en nuestro camino no ha conseguido arrebatar la esperanza a Clara. Se aferra a que cada vez se está visibilizando más una calamidad que mata personas y a que, en estos momentos, son más los que exigen explicaciones a las autoridades. El camino que quizás nos lleve en un futuro a acabar con esta locura. Porque por la dirección que vamos ahora no lograremos nada. “Así no”, sentencia.