En estos momentos, los caseros no pueden incrementar los precios del alquiler por encima de lo que marca el llamado Índice de Referencia de Alquiler de Viviendas, situado actualmente en el 2%, en los contratos firmados después de mayo de 2023. Pero incluso para los firmados previamente hay un límite estipulado: lo que marca el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El problema para los inquilinos es que hay un momento en el que los propietarios pueden subir el precio del alquiler tanto como quieran -salvo en las zonas declaradas como tensionadas por los gobiernos autonómicos-: cuando firman un nuevo contrato. Es entonces cuando se están produciendo subidas que en muchos casos son directamente desproporcionadas.
Y no es una sensación etérea. No es un feeling anecdótico. Es una realidad que ha quedado ahora refrendada por las conclusiones de un nuevo informe de Comisiones Obreras: entre el año 2015 y 2024, los salarios han subido un 26%, lo cual es más que el 21% del aumento del precio de los contratos de alquiler ya existentes, pero mucho menos que la subida del 37% que han sufrido los nuevos contratos de alquiler. En este sentido, las matemáticas juegan muy a favor de los arrendadores y muy en contra de los arrendatarios: la gente ha perdido un 11% de poder adquisitivo en menos de una década. Una situación que afecta a los españoles de todas las regiones, pero definitivamente más a unos que a otros según la provincia.
Así, y como cuenta el periodista German Aranda en elDiario.es, medio que difunde los datos del informe de CCOO, la provincia más golpeada por este fenómeno es Valencia: los precios de sus nuevos contratos de alquiler han subido un 55% en dicho periodo de análisis. Una situación prácticamente insostenible. Pero no solo allí. La subida acumulada de precios en los nuevos contratos, donde los caseros no encuentran límites, fue del 48% en Baleares, del 47% en Málaga, del 44% en Guadalajara, del 43% en Toledo, del 43% en Castellón, del 41% en Alicante y del 38% en provincias como Granada o Ávila. En estos lugares, la ciudadanía lo pasa cada vez peor para vivir una vida financieramente digna.
En el polo opuesto encontramos Melilla con una subida acumulada del 14%, Ceuta con una del 17% y Córdoba, Zamora y Palencia con una del 23%. En términos autónomicos, Extremadura y el norte de Castilla y León parecen ser las menos afectadas, aunque en buena parte de sus provincias la subida de los nuevos contratos de alquiler sigue siendo superior a la subida acumulada de salarios, lo que sigue suponiendo una pérdida de poder adquisitivo. O dicho de otra manera: aquí nadie está bien, simplemente hay quienes están peor que otros. Otra prueba estadística más de que la situación de la vivienda en nuestro país se ha convertido ya en el problema número uno de los ciudadanos. Es una crisis general.