Yurtas, tipis, tiendas de campaña, autocaravanas... Son alquileres turísticos «manifiestamente ilegales», según define el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, que campan a sus anchas en las plataformas. De hecho, algunas, como es el caso de Airbnb, incluyen, incluso, pestañas específicas para este tipo de alojamientos alternativos cuyos comercializadores suelen apelar a la «magia de Ibiza», el «contacto con la naturaleza» o la posibilidad de explorar «la auténtica esencia de la isla».
El conseller se reunió ayer de forma telemática con representantes de Booking, a quienes pidió que los protocolos de detección y retirada de estos anuncios así como de comunicación de los propietarios, explotadores o comercializadores se adapten a este tipo de ofertas.
La reunión, en un principio, era para hablar sobre el portal que se presentó en Fitur y que pretende ofrecer a las instituciones una forma «ágil» para comunicar que un anuncio es ilegal. La misma plataforma a través de la que el Consell de Ibiza solicitó a Booking que retirara, entre otros, el perfil del albergue ilegal de Jesús. Un encuentro tras el que el conseller se mostró contento «con la predisposición que desde Fitur [donde se anunció el acuerdo] está mostrando Booking». Desde el Consell señalan que son precisamente las plataformas las que, «puliéndolas» deben convertirse en «una de las principales herramientas para luchar contra el intrusismo».
Incendio por una yurta
Conseguir que dejen de comercializarse estos infraalojamientos turísticos es un objetivo especialmente importante para las administraciones, especialmente desde el primer incendio forestal de la temporada, cuyo origen está en una chimenea en una yurta que se alquilaba de forma ilegal.
Mariano Juan señala que todo el proceso para identificar a los infractores y retirar los anuncios se ha facilitado desde hace unos meses, tras la aprobación de la nueva normativa europea que ahora, recuerda, los estados miembros tienen que desarrollar: «Hasta hace unos meses la normativa no era muy clara con las obligaciones que tenían las plataformas respecto a las autoridades, únicamente existía un deber genérico de colaboración cuando se detectara una actividad ilegal, pero lo que cada uno interpretaba como ese deber era muy variable».
Por esto, explica el conseller, en toda Europa, «y Balears no fue una excepción» los tribunales anularon las sanciones que se habían impuesto a Airbnb al considerar «que quienes cometían la ilegalidad eran quienes subían los anuncios, que son los que explotan el alojamiento y cobran el dinero». Por eso, explica Juan, se llegó a un acuerdo con Airbnb «no tanto para quitar anuncios como para que cedieran la información de quienes anunciaban».
Un protocolo que ha permitido, con la colaboración de la Policía Nacional, identificar y localizar a los infractores para iniciar un expediente sancionador. «Ésa es la clave del protocolo, porque pueden retirar el anuncio, pero si lo vuelven a subir se mantiene el problema», indica el conseller que señala que a través de este acuerdo se ha podido identificar a un centenar de personas: «Muchas veces no es el propietario del inmueble, ni siquiera el inquilino, sino una persona que comercializa la vivienda, obviamente, compinchado con el inquilino. En la mayoría de los casos esa persona es italiana o argentina. No lo digo yo, lo dice la estadística».
Por cada anuncio se pueden llegar a enviar desde el Consell de Ibiza requerimientos a tres personas diferentes. En algunos casos, eso es suficiente, sobre todo cuando son el propietario o el inquilino quienes comercializan: les entra miedo y retiran todo. En muchos otros, no.
Conseguir que dejen de comercializarse estos infraalojamientos turísticos es un objetivo especialmente importante para las administraciones, especialmente desde el primer incendio forestal de la temporada, cuyo origen está en una chimenea en una yurta que se alquilaba de forma ilegal.
Mariano Juan señala que todo el proceso para identificar a los infractores y retirar los anuncios se ha facilitado desde hace unos meses, tras la aprobación de la nueva normativa europea que ahora, recuerda, los estados miembros tienen que desarrollar: «Hasta hace unos meses la normativa no era muy clara con las obligaciones que tenían las plataformas respecto a las autoridades, únicamente existía un deber genérico de colaboración cuando se detectara una actividad ilegal, pero lo que cada uno interpretaba como ese deber era muy variable».
Por esto, explica el conseller, en toda Europa, «y Balears no fue una excepción» los tribunales anularon las sanciones que se habían impuesto a Airbnb al considerar «que quienes cometían la ilegalidad eran quienes subían los anuncios, que son los que explotan el alojamiento y cobran el dinero». Por eso, explica Juan, se llegó a un acuerdo con Airbnb «no tanto para quitar anuncios como para que cedieran la información de quienes anunciaban».
Un protocolo que ha permitido, con la colaboración de la Policía Nacional, identificar y localizar a los infractores para iniciar un expediente sancionador. «Ésa es la clave del protocolo, porque pueden retirar el anuncio, pero si lo vuelven a subir se mantiene el problema», indica el conseller que señala que a través de este acuerdo se ha podido identificar a un centenar de personas: «Muchas veces no es el propietario del inmueble, ni siquiera el inquilino, sino una persona que comercializa la vivienda, obviamente, compinchado con el inquilino.
En la mayoría de los casos esa persona es italiana o argentina. No lo digo yo, lo dice la estadística». Por cada anuncio se pueden llegar a enviar desde el Consell de Ibiza requerimientos a tres personas diferentes. En algunos casos, eso es suficiente, sobre todo cuando son el propietario o el inquilino quienes comercializan: les entra miedo y retiran todo. En muchos otros, no.
“Tenemos que hacer la guerra con lo que tenemos”
Con el cambio de normativa, detalla el conseller «se establece una obligación más nítida» de las obligaciones de las plataformas con las administraciones: «Deben enviar información de calidad: una identidad, un número de DNI, de cuenta bancaria, un teléfono... Algo que realmente sirva para identificar a esa persona». La idea de la nueva normativa es que todas las solicitudes las tramite una única autoridad estatal, que ya se ha creado: «Supongo que es para que haga como del primo de Zumosol, para la que la solicitud que llega a la plataforma sea del Estado, del Reino de España, no de un Consell o una Diputación, y tenga más peso», ironiza el conseller, que ya ha pedido una reunión con esta comisión. Además, está a la espera de que los protocolos con las plataformas avancen.