La vivienda es desde hace varios años la principal preocupación de la ciudadanía española. Y es evidente el motivo: se trata de uno de los elementos vitales básicos alrededor del cual se configura todo lo demás. Sin un espacio digno en el que vivir, y dejándose además un porcentaje descorazonador del sueldo debido a los precios del alquiler, el desarrollo de una existencia de calidad resulta materialmente imposible. Y, sin embargo, es la realidad de millones de personas: viven en espacios muy tristes y muy caros. Un problema en el que, según un nuevo análisis del Banco de España, del que se hacen eco desde la Cadena Ser, los caseros desempeñan un papel fundamental.
¿En qué sentido? Pues subiendo el precio de los nuevos alquileres muy por encima del precio de mercado. En palabras del periodista Pablo Anzola, “la diferencia entre el precio de salida de los nuevos contratos de alquiler y los que están en vigor se situó en 2024 en el 16,6%”. No es ni mucho menos un fenómeno aislado. Es una tendencia que se ha estado repitiendo durante estos últimos años. No obstante, se está volviendo cada vez más intensa: en el año 2020, cuando el mismo Banco de España realizó el mismo análisis, la brecha entre el precio de salida de los nuevos contratos y el de los que estaban en vigor era “solo” del 6,2%. Esto significa que dicha brecha se ha triplicado.
O, dicho de otra manera, los propietarios están decididos a rentabilizar la fuerte diferencia existente entre la demanda y la oferta. Si pueden subir los precios, lo hacen. Incluso si dicho precio alcanza cifras que están mucho más allá del más elemental sentido común. Como explica el sociólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Javier Gil, a quien cita el propio Anzola, “el gran negocio de la vivienda en alquiler consiste en aprovechar el fin de los contratos para subir el precio todo lo posible o buscar unos inquilinos dispuestos a pagar más”. La cuerda se tensa y se tensa repetidamente. Ese es el escenario en el que se mueve el mercado inmobiliario hoy.
Por otro lado, el análisis del Banco de España se centra en los contratos ya firmados, para los cuales existen normativas estatales que limitan mucho la subida de los precios: al IPC en caso de haber sido firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023 y a un índice inferior al IPC en caso de haber sido firmados después. Gracias a esto, dicen desde la institución, las renovaciones de los contratos en vigor redujeron los precios reales un 1,7% anual entre los años 2019 y 2024. Es decir, que el tope a las subidas funciona. La pregunta es: ¿deberían desarrollarse nuevas leyes que regularan asimismo cuánto pueden subirse los precios en los nuevos contratos para frenar la crisis?