Durante el pasado año, miembros del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visitaron España con el objetivo de documentar posibles malos tratos en nuestros centros policiales y penitenciarios, “con especial atención a los reclusos alojados en módulos de régimen cerrado”. Y ahora, más de un año después de aquella visita, el comité ha hecho público su informe con los resultados de la investigación: en varias prisiones españoles se producen malos tratos por parte de las autoridades. En concreto, y como apunta la periodista Aurora Báez, el informe “muestra una tendencia al alza” de las denuncias en centros penitenciarios en estos últimos años.
Más concretamente, refleja el documento, “el comité recibió varias denuncias de malos tratos físicos, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía contra personas detenidas en el momento de la detención o en el traslado a comisaría, denuncias que fueron corroboradas por informes médicos”. Entre otras prácticas, el informe habla de bofetadas, puñetazos, golpes con porras, patadas y falaka, un método consistente en golpear la planta de los pies con porras. De todas las prisiones visitadas por el comité, son la de Huelva, la de Algeciras y Puerto III (en el Puerto de Santa María), las que han concentrado más denuncias por parte de sus miembros.
No solo por la violencia directa. El informe también habla de salas comunes y patios de ejercicio demasiado austeros y de una asistencia psicológica insuficiente para los presos separados o segregados por comportamiento. Además, pone el foco en una medida de contención utilizada en las prisiones españolas muy polémica: la sujeción mecánica a la cama con correas. “Si bien el Comité valora positivamente la drástica reducción de su aplicación, reitera su petición de que se abola esta medida en las prisiones”. Asimismo, critica “que los cacheos a los reclusos se realicen con frecuencia de una manera irrespetuosa y excesivamente intrusiva”.
Pero una de las críticas más sólidas del CPT está relacionada con la asistencia médica. Como refleja el propio informe, “el comité subraya las graves consecuencias de la grave escasez de personal sanitario, especialmente de médicos, y su efecto perjudicial en la calidad de la atención sanitaria prestada a los reclusos, así como las constantes demoras en la atención a sus solicitudes de atención médica”. Junto a todas estas observaciones, el comité ha dado recomendaciones al Ejecutivo español para mejorar la situación de los presos en nuestro país. Entre ellas, más vigilancia. Y es que, como dice el activista antitortura Jorge del Cura, “si no se pueden monitorizar las agresiones puede pasar de todo”.