Unas décadas atrás, en muchos países europeos, incluido España, era normal que los profesores tanto de colegios como de institutos utilizaran la fuerza contra los estudiantes. Pero aquello cambió. En el caso de Dinamarca, uno de los países cuya educación está mejor percibida desde el exterior, lo hizo hace aproximadamente unos 60 años, momento a partir del cual desarrolló una política educativa basada en el respeto y el igualitarismo. Hasta ahora: el Gobierno de la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen ha presentado un proyecto de ley que autoriza a los profesores a recurrir a la fuerza en las aulas en determinados supuestos. Un auténtico giro de guion.
Más concretamente, explica el periodista Óscar Gelis, la ley legitimaría a los profesores a “agarrar a un alumno, retenerlo en su sitio o llevarlo fuera del aula en contra de su voluntad” en casos en los que “un alumno golpee a otro, destruya objetos o se ponga en peligro a sí mismo o a otros compañeros”. No obstante, este ejercicio de la fuerza contra niños y adolescentes “deberá ser siempre el último recurso” y antes deberá tratarse de resolver la situación de otras maneras que no impliquen violencia. Como alejando al estudiante de la situación conflictiva, interponiéndose entre dos alumnos en disputa o manteniendo una conversación. Todo antes de llegar a la fuerza.
Además, el documento del ejecutivo de Frederiksen también habla de la gravedad de esa fuerza, que “deberá limitarse al mínimo imprescindible tanto en intensidad como en duración” y pensando siempre en el bienestar del estudiante en cuestión. ¿Pero por qué todo esto ahora? ¿Por qué una coalición de izquierdas trae de vuelta el uso de la fuerza a las aulas? Según ha manifestado el Ministerio de Educación danés, reproduce Gelis, “más de uno de cada cuatro profesores cree que la violencia ha aumentado dentro de las aulas y uno de cada cinco profesores ha sufrido actos de violencia, unas cifras que han ido en aumento en los últimos doce años”. ¿Pero es esta la solución?
Para el sindicato danés de profesores sí. En palabras de su presidente, Gordon Ørskov Madsen, “se trata de fortalecer la seguridad jurídica de los profesores y, en gran medida, garantizar también el derecho de todos los estudiantes a una buena educación”. Otras voces importantes del país, sin embargo, creen que el uso de la fuerza no es el camino, sino recuperar condiciones educativas perdidas como mayor tiempo de preparación de las clases para los profesores, más cualificación pedagógica en el personal y menos pantallas en las aulas. O, dicho de otra manera, invertir más recursos en la educación pública para que sea atractiva y de calidad.