El bono joven para el alquiler, con una ayuda mensual de hasta 250€, ha sido una de las medidas “estrella” del gobierno para paliar la crisis habitacional que viven los jóvenes. Ya en su momento fue una medida polémica porque los requisitos para acceder a este se alejaban mucho de la realidad: que el alquiler no fuera superior de 600 euros, ampliable en determinados casos a 900. Si vives en ciudades como Barcelona o Madrid encontrar un piso por ese precio es casi misión imposible, cuando un simple estudio ya te cuesta 800 euros.
Después del alboroto del anuncio, a principios de año, la cuestión del bono joven quedó un tanto olvidada, ya que el Estado y las autonomías tenían que ponerse de acuerdo a la hora de repartir el presupuesto. De entrada se calculaba que solo unos 70.000 jóvenes en todo el país podrían acceder a la ayuda mensual, que tendrá una duración de dos años.
Pues bien, para poder solicitar la ayuda era necesario hacerlo a través de la web del gobierno autonómico cuando se publicara la convocatoria. Lo que no sabíamos era el papeleo a presentar, ni que había un plazo límite bastante corto. Al menos en el caso de Cataluña, donde en tan solo ocho horas se agotaron las ayudas. Sí, sí, como lees bien: ocho horas. Ni las entradas del Viña Rock se acababan tan rápido. ¿Por qué?
¿Qué está fallando?
Bien, para empezar cuando se anunció la medida, las directrices generales eran que tenías que tener entre 18 y 35 años para poder acceder a la ayuda, demostrar tener ingresos inferiores a los 24.319 y las tres últimas nóminas de un contrato de trabajo vigente; pudiendo garantizar que es estable (en el formulario se exigía un contrato firmado con una duración de al menos seis meses desde el momento en que se hacía la solicitud) y estar empadronado en el municipio donde se alquila.
Aparte de esto, cabe mencionar que ya de entrada muchas personas viven en habitaciones realquiladas, sin constar en el contrato oficial, y que en la mayoría de ocasiones la persona que realquila no quiere hacer un subcontrato de habitación.
Más allá de esto, el problema es que, en el caso de Cataluña, cuando se publicó el anuncio se daba margen de una semana para presentar todos los papeles y hacer la gestión. Obviamente, mucha gente, hasta que no pudo leer los requisitos explícitos, no pudo tener todo el papeleo preparado. Por no hablar de que hubo muy poca información sobre la fecha de cuándo se abriría la solicitud y cuál sería el plazo.
La injusta ley del más rápido
Al final, el criterio para elegir los beneficiarios ha sido la rapidez y no la necesidad. También es cierto, que desde el gobierno autonómico lamentaban la partida presupuestaria. Esto ha sido el caso catalán, pero es que además en otras comunidades como Andalucía, aún se está a la espera que se abra la convocatoria.