“Insuficiencia culpable”. Es decir, inacción climática, no hacer lo suficiente o nada por evitar la catástrofe medioambiental que se viene. Esta es la acusación con la que Amélie Fort-Besnard, la ministra pública francesa es decir, una fiscal, ha pedido al Tribunal Administrativo de París que se condene al Estado de Francia. Es decir, por primera vez, todo el gobierno del país ha sido acusado de no cumplir los compromisos ecologistas, un proceso legal que ya ha sido bautizado como “el Caso del Siglo”.
Este caso se da después de que cuatro ONG Greenpeace, Oxfam, la Fundación Nicolas Hulot y Notre affaire à tous consiguieran más de dos millones de firmas la primera vez que una petición francesa lograba tal apoyo. Las organizaciones denunciaban, al igual que la fiscal, que se estaban incumpliendo de forma sistemática las promesas de la autoridad francesa respecto a la reducción de emociones de CO₂. “Constatamos que la trayectoria no es respetada y esto provoca unas emisiones excesivas”, aseguró Fort-Besnard en unas declaraciones que recoge el diario El Salto.
Como añade el artículo, Francia tiene el compromiso de reducir en un 40% sus emisiones antes del 2030 respecto a 1990, para que, en 2050, se logre la neutralidad de carbono unos niveles de emisiones que la naturaleza pueda absorber sin ser destruida. Pero no están por la labor. Entre 2018 y 2019, las emisiones disminuyeron solo un 0,9%, cuando el ritmo tendría que ser del 3% para lograrlo. Además, el Gobierno ha ignorado la mayoría de las peticiones de la Convención Ciudadana por el Clima, una serie de medidas impulsadas hace unos años por la ciudadanía. Y por eso, esta denuncia, por su falta de implicación para corregir la crisis climática.
Los promotores de la denuncia están muy contentos: “cuando impulsamos el 'Caso del Siglo' hace dos años, todo el mundo nos decía que no era en los tribunales donde resolveríamos esta cuestión, que no serviría para nada y que este proceso estaba condenado al fracaso. Pero hoy vemos que en realidad se trata de todo lo contrario”, explicaba la presidenta de Oxfam Francia. “El hecho de que la ministra pública diga que 'La culpabilidad del Estado ha quedado demostrada' es muy importante. Esto nos muestra que estamos ampliando el derecho … y esto cambiará la vida de la gente”, explicaba otra activista.
Pero, a pesar de las celebraciones, como añade El Salto, en el caso de ganar, la victoria judicial es algo simbólico. “La ministra pública pide a la administración que indemnice con un euro a las distintas asociaciones por “perjuicio moral”. En cambio, no aconseja a los jueces que obliguen al Estado a adoptar medidas concretas para corregir su trayectoria climática. Solo recomienda a las autoridades que presenten nuevos documentos para demostrar su voluntad de reducir las emisiones”, añade, denunciando la inefectividad de una condena contra Francia.
Aun así, los símbolos son importantes, y una victoria de las organizaciones demostrará que el Gobierno no siempre tiene la razón y que las propuestas, si no se cumplen, son papel mojado. “Si ganamos, otros ciudadanos y asociaciones podrán utilizar esta jurisdicción para denunciar al Estado y pedir una indemnización. El objetivo no es multiplicar los recursos en todo el mundo, sino hacer la inacción climática de las autoridades estatales tan costosa que se vean obligadas a actuar”, aseguraba una de las ONG denunciantes.
No es el primer proceso similar en el mundo. Holanda vivió un proceso similar, donde perdió el Gobierno, y ahora mismo hay otro en activo en España, iniciado por Oxfam España, Greenpeace y Ecologistas en Acción, que el pasado 15 de septiembre denunciaron los incumplimientos del Gobierno en materia ecologista. Ahora, a esperar los resultados que demuestren legalmente que nuestros gobernantes no se toman la amenaza medioambiental tan seriamente como tocaría.