El ordenamiento jurídico español contempla el derecho al aborto desde el año 2010. El problema, como ya vimos en este otro artículo, es que existe una figura que dificulta que muchas mujeres disfruten de ese derecho: la llamada objeción de conciencia que la ley reconoce a lxs profesionales médicxs encargadxs de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo. De ahí que la Ley del Aborto exija a todas las comunidades autónomas llevar un registro de objetores y trasladarlo al Ministerio de Sanidad para poder aplicar soluciones que hagan que ninguna mujer se vea privada de ese derecho. Y la Comunidad de Madrid no está cumpliendo con dicha obligación.
En concreto, y como ha explicado públicamente el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, el plazo previsto para la presentación del registro ha terminado y la comunidad que lidera Isabel Díaz Ayuso es la única de todas que no lo ha presentado. Algo que la ministra de Sanidad, Mónica García, considera intolerable y “una rebelión contra la ley, la democracia y las mujeres”. De ahí que haya tomado la decisión de llevar a la comunidad a los tribunales por incumplir lo establecido en la ley y por desoír lo dictado por el Tribunal Constitucional. “Iniciaremos los trámites para interponer un contencioso administrativo”. Será la Justicia la que tenga la última palabra.
En cualquier caso, la ministra ha arremetido duramente contra Ayuso, a la que ha acusado de actuar “al más puro estilo trumpista” y de “obstaculizar de manera reaccionaria el derecho al aborto”. Además, en la comparecencia, se preguntaba retóricamente “qué le pasa a la señora Ayuso contra las mujeres”. Pero quizás la pregunta no sea la correcta. Quizá sea más conveniente preguntar qué pasa a la señora Ayuso con las mujeres pobres. Y es que los datos no engañan: dos de las comunidades gobernadas por el PP, Andalucía y Madrid, suman juntas casi el 50% de los abortos que se realizan en toda España, pero el 99% de ellos se derivan a la sanidad privada.
¿Y si parte de la derecha no tuviera ningún problema ético con el aborto, sino con el hecho de que se haga en la sanidad pública sin generar beneficios a lxs empresarixs? Una cosa está clara: el derecho al aborto se está convirtiendo poco a poco en un negocio, como muestra el hecho de que el 78,74% de los abortos del país se realicen en centros privados. Y eso es lo peligroso. Eso es lo que no debería ocurrir. Se ha luchado mucho para que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre su embarazo y no podemos permitir que unxs cuantxs burlen al sistema para sacar tajada de ello. No de una decisión tan dura. No del cuerpo de las mujeres. ¿No crees?