En un avance para reconocer las violencias machistas, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán, en los próximos nueve meses, todas las agresiones sexuales a mujeres, independientemente de si el agresor es pareja, expareja o un desconocido. Esta medida implica un reconocimiento más amplio de la violencia machista, entendida como cualquier acto de violencia cometido contra mujeres por el simple hecho de serlo.
El cambio supone un giro hacia una justicia más especializada y con perspectiva de género, garantizando una mejor atención y protección para las víctimas.
Hasta ahora, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se encargaban únicamente de los casos en los que la agresión estaba vinculada a una relación sentimental. Con la nueva normativa, su competencia se amplía para incluir agresiones sexuales, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual y trata con fines de explotación sexual. Todo esto siempre que la víctima sea mujer.
La especialización de los juzgados es crucial, pero plantea retos importantes. La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo son preocupaciones recurrentes entre los profesionales del sector. Actualmente, un 35% de los juzgados exclusivos en violencia de género ya están sobrecargados, lo que podría complicar la integración de estos nuevos casos.
Otra novedad destacable es la asistencia jurídica gratuita para todas las víctimas de delitos sexuales. Este derecho será una herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Además, la formación de jueces y operadores de justicia en violencia sexual se convierte en una prioridad. “La especialización no solo debe ser organizativa, sino también formativa, para evitar sentencias que perpetúen la revictimización”, afirma Victoria Rosell a eldiario.es, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
La ley también abre la puerta a la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia y adolescencia. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se gestionarán los casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes genera inquietudes. ¿Deben ser tratados por los juzgados de violencia de género o por los nuevos órganos especializados en infancia?
Rosell advierte sobre los riesgos de dividir competencias sin garantizar recursos suficientes: “No podemos permitir que ambas especializaciones naufraguen por falta de inversión”. La medida refuerza la lucha contra la violencia machista y sexual, colocando a las víctimas en el centro del sistema judicial. Aunque los desafíos son evidentes, este cambio representa un avance hacia una justicia más inclusiva, especializada y comprometida con la igualdad.