El debate que hay detrás de los vientres de alquiler es muy similar al que hay detrás de la prostitución. Por un lado, está esa gente liberal que dice que cada persona debería ser libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y que el Estado no es nadie para prohibírselo. Por otro lado, está esa gente progresista que afirma que lo que esas mujeres se ven obligadas a hacer bajo contextos de desigualdad económica y desigualdad social no tiene nada de libre. El Gobierno se enmarca en este último grupo, razón por la cual la gestación subrogada está prohibida en nuestro país. Y ahora, el Ministerio de Igualdad va contra las agencias que publicitan servicios relacionados.
Lo está haciendo a través del Instituto de las Mujeres, quien considera que “la gestación por sustitución constituye una forma de violencia contra las mujeres y vulnera sus derechos sexuales y reproductivos”, como recoge Europa Press, y que por tanto cualquier estrategia promocional representa un peligro para las mujeres y un atentado contra la ley. Unas estrategias promocionales que llevan ahí mucho tiempo, pero que ahora serán llevadas a los tribunales tras la denuncia del ministerio a algunas de las agencias responsables con sede en España. No tiene sentido que alguien pueda fomentar actos delictivos. Sería como hacer publicidad del robo o del asesinato.
En concreto, y según han expresado portavoces del Ministerio de Igualdad, “estas entidades recurren a un lenguaje claramente mercantil y a argumentos tanto emocionales como de carácter técnico-científico dirigidos a generar confianza y empatía”. Es decir, que utilizan tácticas de manipulación para conseguir su objetivo. Y no es solo el Gobierno el que las persigue. Solo entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre, “el Observatorio de la Imagen de las Mujeres recibió un total de 334 quejas por la promoción comercial de la gestación por sustitución en páginas web y redes sociales de diversas agencias entre las que se encontraban las demandadas”.
La importancia de esta demanda es doble. Por un lado, porque logrará que dichas agencias dejen de promover algo que legal y éticamente está mal. Por otro lado, sienta un precedente que podría hacer que otras empresas se lo pensaran dos veces antes de acceder a hacerlo. Y es que esta es la primera vez que se persigue judicialmente. A partir de aquí, y si la sentencia es favorable al ministerio, como debería serlo, todo será mucho más fácil en futuras situaciones. “Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano porque alquilar el vientre de una mujer es inaceptable en cualquier sociedad que valore los derechos humanos”.