En verano, el mar está más calmado y los países del norte del Mediterráneo activan todas sus alertas para evitar que lo que llaman oleadas de refugiados se lancen al agua desde África, principalmente Libia, para intentar llegar a Europa. A la vez, los barcos de las ONG dedicadas a rescatar náufragos a la deriva activan todas sus alertas para intentar que no se les escape nadie. Es una lucha entre organizaciones y estados, unos para blindar sus fronteras; otros, para que intentar que la cifra de muertos por naufragio no siga aumentando. Estos segundos lo tienen claro: "antes presos que cómplices".
La semana pasada, Italia detuvo a la capitana Carola Rackete cuando atracó en Lampedusa con 41 migrantes a bordo. Italia es el país que más ruido está haciendo desde hace unos años en contra de la llegada de refugiados a Europa. El ya famoso "decreto Salvini" en honor a Matteo Salvini, el ultraderechista ministro de Interior del país endureció las condiciones para los solicitantes de asilo, suprimía la protección humanitaria para los recién llegados y facilitaba las expulsiones. Y también ha creado un discurso de paranoia contra las organizaciones civiles como Sea Watch a la que pertenece Carola con penas de cárcel para los capitanes y multas de hasta 50.000 euros por desembarcar con extranjeros sin permiso para entrar a su país.
Y este discurso que se ceba con los rescatistas también ha llegado a España, que el año pasado, hizo el gesto simbólico que Europa necesitaba con este tema: recibir al Aquarius con más de 600 personas a bordo después de varias semanas a la deriva sin poder amarrar en ningún puerto. Al final, llegó a Valencia con las cámaras de todo el mundo grabando lo que esperaban que iba a ser, al fin, una respuesta humanitaria a una crisis humanitaria. Pero el Aquarius fue un amago, porque después empezaron las restricciones para los barcos.
Después de 100 días amarrado en el puerto de Barcelona por orden del Gobierno, el Open Arms vuelve a navegar estos días el peligroso Mediterráneo Central, pero este domingo recibió una amenaza del gobierno español imposible de ignorar: multas de 300.000 a 901.000 euros si persevera en sus labores de rescate, según Después de 100 días amarrado en el puerto de Barcelona. "Si salvo una vida, que me multen y que me embarguen todo mi capital", decía a eldiario.es desde el Open Arms, Óscar Camps.
La Organización Internacional de las Migraciones OIM ya ha contado más de 200 muertos en lo que va de año en el Mediterráneo, todo eso sin saber cuántos se han ahogado y sin volver a aparecer. Open Arms ya ha rescatado desde que entró en funcionamiento a más de 60.000 personas y aprovechan cada euro de las donaciones para poder atender a los náufragos del Mediterráneo. Estas amenazas acabarán ahogando a los rescatadores, cada vez más parecidos a héroes luchando contra un sistema que intenta señalarlos como culpables en lugar de reconocer que su causa es un problema de todos.