"Una vergüenza nacional", "antiestadounidense", "un intento de golpe", "una insurrección alentada por el presidente de Estados Unidos". Con estas frases, los expresidentes de los Estados Unidos condenaban el asalto al Capitolio en el que se estaba ratificando la victoria de Joe Biden y Kamala Harris. Un acto puramente formal, normalmente con poco interés político… hasta ahora, cuando tuvo que aplazarse porque centenares de seguidores de Trump decidieron ocupar el edificio alentados por las declaraciones del presidente derrotado que, desde noviembre, hablan de fraude electoral.
En total, el asalto ha acabado con cuatro muertos una por un tiro en el pecho, otros por condiciones médicas que no tuvieron que ver con la represión policial y 52 arrestos, la mayoría 47 por saltarse el toque de queda que hay en Washington debido al coronavirus. El resto, por llevar armas prohibidas e, incluso, se encontraron explosivos en la sede republicana, el partido de Trump, que tuvieron que ser retiradas. Estos datos sorprenden si se comparan con los de las protestas de Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd el 25 de mayo. El primer día de las manifestaciones, 300 personas fueron detenidas por la policía. Después de 10 días de protestas, 10.000 personas habían sido detenidas y 19 habían sido abatidas, esta vez sí, la mayoría por disparos de policía, y no por condiciones médicas preexistentes, como ha sucedido en el asalto al Capitolio.
Como denuncian diversos activistas por Twitter, es “una prueba más” del racismo institucional del país. Es decir, si miles de personas racializadas salen a la calle, el lugar que legalmente se puede usar como protesta, acaban con la policía disparando gas lacrimógeno y pelotas de goma contra personas que marchan pacíficamente porque, aunque luego alcanzasen mayores cuotas de violencia, las primeras manifestaciones simplemente reclamaban justicia y, como resultado, detenciones masivas por violencia y otros cargos relacionados. Y si, en cambio, las personas que salen a la calle son blancas y llegan hasta el punto de asaltar un edificio público, centro de poder nacional, y obligan a paralizar un proceso electoral, las detenciones se dan, solamente, por incumplir el toque de queda.
“Cuando los manifestantes de BLM marcharon en Washington DC, nadie irrumpió en el Capitolio, destruyó propiedad pública o alcanzó a la policía. Si las personas negras hubieran hecho lo que estos terroristas blancos hicieron hoy, habrían sido gaseados, rociados con gas pimienta, arrestados y acusados de delitos graves, ¡o incluso traición!”, denunciaba Ben Crump, abogado a favor de los derechos civiles que ha llevado a tribunales cientos de injusticias raciales en los Estados Unidos.
Al final, después de esta jornada llena de caos político y policial, se ha retomado la ratificación de Biden y ya ha sido declarado ganador de las elecciones. Ahora, miembros demócratas como Alexandria Ocasio Cortez piden el impeachment de Trump, porque consideran que no puede salir indemne políticamente de los asaltos de esta madrugada. Sin embargo, él, asediado por dimisiones en su propio gabinete y con Mike Pence, su vicepresidente, distanciándose de su discurso, se ha visto obligado a condenarlas. Eso sí, asegurando que las elecciones eran un fraude y que, aunque garantizará que el 20 de enero se produzca el cambio de presidentes, la lucha de “make America great again” no ha hecho más que empezar.
Esta incapacidad para reconocer los resultados electorales demuestra otra realidad: el país está profundamente dividido. Según una encuesta, un 45% de los votantes republicanos aprueban el asalto al Capitolio y el desafío a la soberanía nacional con algo que ha sido clasificado de “intento de golpe de estado” por algunos políticos demócratas. Un 30% de los republicanos llamaron “patriotas” a los asaltantes, un 52% cree que Biden también tiene la culpa del asalto y un 85% cree que Trump no debería ser destituido. En resumen, la crisis política está lejos de acabar.