Unos días atrás hablamos de la necesidad de unión política ante la tragedia de la DANA. De escapar del populismo para centrarnos en lo que de verdad importa: el sufrimiento de la gente. Y sigue siendo así. No obstante, es obvio que los acontecimientos recientes alrededor de Mazón, ya no opiniones tuiteras, ya no especulaciones oportunistas, sino verdades contrastadas alrededor de su negligencia, han despertado bastante indignación y dolor. Las cosas podrían haber sido de otra manera. Pero no solo por las actuaciones políticas en mitad de la DANA. También, y sobre todo, por las actuaciones políticas llevadas a cabo a lo largo de las últimas dos décadas. Déjanos explicártelo.
En el año 2005, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero elaboró un informe titulado Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático. Corrían otros tiempos y aún había un potentísimo sector negacionista en el mundo. Sin embargo, los científicos ya sabían que la cosa se estaba poniendo fea. El futuro estaría protagonizado por olas de calor, sequías y tormentas violentas y, debido a estas últimas, decía el informe, “las inundaciones constituyen el riesgo natural de mayor impacto económico y social que se puede generar en un corto espacio de tiempo”. De ahí que las acciones de adaptación fueran “absolutamente necesarias”.
La buena noticia es que la propia evaluación logró detectar fácilmente las zonas más amenazadas. Según la misma, “las zonas vulnerables a las inundaciones se localizan en las proximidades de los núcleos urbanos y centros turísticos, especialmente en el mediterráneo”. Ahí, rezaba, debía regularse la construcción para que contara con medidas de protección suficiente. ¿Se hizo? Como refleja el Sexto Informe de políticas locales de lucha contra el cambio climático, solo el 28% de los municipios analizados tenían planes de adaptación. La directora de Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, lo tiene muy claro: llevamos años de retraso en la preparación.
Cuando se prioriza la economía inmediata
La propia Martínez, y según cuentan desde eldiario.es, lamenta como en 2022 el consejero de Fomento de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, “pidió al gobierno que retirara sus mapas de zonas inundables porque paralizaban licencias de obras”. La prioridad, una vez más, era la economía inmediata y no la seguridad. El cortoplacismo sobre el largoplacismo. No es ni mucho menos el único caso. Solo es un ejemplo más. Pero los mapas son insuficientes. Martínez defiende la recuperación de la morfología y dinámica natural de los cauces y el fomento de soluciones basadas en la naturaleza. “Son costosas y conlleva tiempo, pero es urgente comenzarlas”.
Por supuesto, la tragedia de la DANA ha situado las inundaciones en el primer plano de las consecuencias dramáticas del cambio climático. No obstante, la necesidad del país de adaptarse a esta nueva realidad imprevisible y extrema va mucho más allá. Tal como afirman desde el citado medio, “España tiene que reajustarse a tener periodos largos de sequía intensa que impactan en la agricultura y a picos de calor extremo que asfixian las ciudades y favorecen grandes incendios”. Y debe hacerlo cuanto antes. Dejemos de pensar en el cambio climático como algo que está por venir. Lo estamos sufriendo ya. No hay tiempo que perder. Miles de vidas están en juego.