El ordenamiento jurídico español contempla desde el año 2010 el derecho al aborto hasta la semana 14 de embarazo, pudiendo disfrutarse del mismo hasta la semana 22 bajo determinadas circunstancias médicas. Así, y en principio, se trata de un derecho bien reconocido y respaldado. El problema, explica la periodista Alba Otero, es que existen varias letras pequeñas que hacen que muchas mujeres no puedan hacer uso de él en nuestro país. Para que te hagas una idea, “casi ocho de cada diez abortos (78,7%) se realizaron en clínicas privadas el pasado año”, lo que convierte de manera indirecta el derecho al aborto en un derecho elitista.
¿Pero por qué ocurre eso? ¿No se supone que la sanidad pública debe garantizarlo en todo el territorio español? La cosa es que sí. Sin embargo, y siempre según Otero, quien ha investigado acerca de esta brecha, a día de hoy solo hay cinco comunidades que lleven un registro de lxs médicxs objetores de conciencia. O dicho de otra manera: salvo en Murcia, La Rioja, Cantabria, Cataluña y Canarias, los poderes públicos no tienen constancia del número de doctores que le dicen a sus pacientes que no van a participar en el aborto alegando motivos de valores o creencias. Quizás en una ciudad en concreto no haya apenas profesionales dispuestxs.
Esto, en palabras de la periodista, “genera una aplicación desigual de la ley y mantiene a muchas mujeres dependientes de clínicas privadas o de traslados a otras provincias”. En lo que respecta al derecho al aborto, no es lo mismo ser de una comunidad con una tendencia ideológica que serlo de una más progresista. Algo que el Gobierno debería solucionar. ¿Es la objeción de conciencia un derecho superior al del aborto? ¿No debería trabajarse de manera más profunda y precisa para garantizar que TODAS las mujeres de España, vivan en la comunidad autónoma que vivan, puedan acceder por igual a una intervención de estas características?
El propio Gobierno cree que sí y por eso ha puesto en marcha un nuevo portal web, quieroabortar.org, en el que aporta la info normativa y científica necesaria para ayudar a las mujeres en este proceso. La plataforma, “elaborada por sanitarias y activistas expertas en derechos reproductivos”, pretende que datos como los de la Comunidad de Madrid, en los que solo 177 de los 162.000 abortos realizados en la última década tuvo lugar en la sanidad pública, cambian de dirección. No basta con reconocer un derecho en una ley. Hay que trabajar para que ese derecho sea efectivo. Y reconocer que este es un país diverso es el primer paso para ello.