El true crime ha explotado absolutamente durante la última década. Que si Mindhunter, que si Making a Murder, que si The Jinx, que si American Crime Story, que si El caso Asunta... La lista de series y miniseries sobre asesinatos reales que han triunfado en crítica y público durante estos últimos años es inmensa. Quizás por el morbo que produce la oscuridad humana. Quizás por el llamado alivio por contraste. O quizá por la conocida como simulación de riesgos. De ahí que sean las mujeres quienes más consumen este tipo de contenidos. Es como un entrenamiento de seguridad. Pero ahora puede que nos quedemos sin material: el Gobierno quiere regular este tipo de series.
En concreto, y como explican los expertos en comunicación Marta Sánchez y Alfonso Méndiz en una publicación para The Conversation, “el Gobierno de España ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley sobre derecho al honor y a la intimidad personal que, entre otras cuestiones, pretende regular los true crime para proteger a las víctimas”. ¿Pero por qué? Pues porque muchas de las series true crime terminan convirtiéndose en un escaparate en el que los asesinos tienen la oportunidad de mostrar su perspectiva de la historia y, en cierto sentido, tratar de blanquear su imagen, lo que obviamente intensifica el trauma de las víctimas y de sus seres queridos.
Además, los agresores obtienen otro beneficio directo de su participación en este tipo de contenidos audiovisuales: que se enriquecen. En palabras de estos dos expertos, “entre los dilemas éticos que suscita el género del true crime, el más grave es sin duda que el criminal se beneficie económica o reputacionalmente de la explotación mediática de su historia, que obtenga un lucro y que el mal se convierta de algún modo en un activo rentable”. Y esto no es cosa de izquierdas o derechas. En Estados Unidos ya existen las Leyes del Hijo de Sam y en Reino Unido los Proceeds of Crime Act, normas por las cuales los criminales no pueden obtener beneficios de sus crímenes.
Es de sentido común. ¿Pero cómo quiere el Gobierno evitar todo esto? Pues según estos dos especialistas, “la nueva ley habilita a cualquier persona que se sienta afectada o lesionada por el relato de una historia a reclamar ante la justicia, colocando a los creadores en una posición de vulnerabilidad”. Este es el problema: el eterno debate, la eterna tensión, entre la libertad de expresión y la protección de los vulnerables. De momento, la ley debe completar el recorrido parlamentario antes de entrar en vigor y ver cómo funciona y cómo la ejecuta la Justicia. Lo que está claro es que no todo vale para satisfacer el ansia de morbo de los espectadores.