Un informe sobre 2025 revela un preocupante crecimiento del racismo institucional en España

SOS Racismo calcula que el 71% de las personas afectadas decide no denunciar por miedo o desconfianza hacia las propias instituciones

Los lamentables sucesos de Torre Pacheco fueron la demostración mediática de que el racismo continúa ahí, presente en nuestra sociedad, incrustado entre muchas más personas de las que nos gustaría admitir. Pero es que no es cosa de particulares exclusivamente: las administraciones públicas también son racistas, tal como demuestra el último informe anual de la federación SOS Racismo. En concreto, y como resume el documento, muchas personas sufren exclusión en el acceso a prestaciones y servicios públicos, discriminación laboral y abuso policial simplemente por tener un origen étnico-racial determinado. Así lo prueban las denuncias interpuestas por las víctimas.

Más concretamente, y como apunta el periodista Alberto Mesas, el informe de SOS Racismo “recoge 528 denuncias y casos de discriminación racial atendidos en 2025 por sus Oficinas de Información y Denuncia en Aragón, País Vasco, Cataluña, Galicia y Navarra”. Una cifra que probablemente sea muy inferior a la real: no todas las víctimas denuncian, y especialmente las mujeres, que sufren la discriminación cruzada por ser mujeres y se sienten menos respaldadas a la hora de buscar apoyo, ni hay oficinas de esta organización en todos los puntos de la geografía española. Es triste, pero todo apunta a que los datos reales deben ser bastante superiores a lo que queda reflejado.

De hecho, escribe el propio Mesas, “la infradenuncia continúa siendo una de las principales características del racismo en España. SOS Racismo calcula que poco más del 20% de las situaciones de discriminación acaban formalizándose en una denuncia, mientras que el 71% de las personas afectadas decide no denunciar por miedo o desconfianza en las instituciones”. Tiene sentido. Sobre todo cuando el racismo inicial procede de la propia administración pública. Cuesta creer que la propia agresora vaya a protegerte. “La punta del iceberg de una realidad mucho más sombría”, ha escrito la propia SOS Racismo. La pregunta es: ¿cómo se refleja este racismo institucional?

En solicitudes de requisitos que no aparecen en la normativa oficial por parte del personal público de extranjería. En la aplicación desigual de los criterios según el territorio. En la cancelación de citas por razones no contempladas en la ley. En la denegación del acceso a derechos básicos como los servicios sociales, la atención sanitaria, la vivienda pública o el empleo. O en el racismo policial. “El informe expone que en 2025 hubo 75 denuncias relacionadas con el racismo por parte de la policía, 57 de ellas por identificaciones o controles basados en el color de la piel, el origen étnico-racial, la nacionalidad o la apariencia física”. Nos queda mucho por hacer como sociedad.

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