Tres jueces del Supremo que anularon el decreto contra los “chiringuitos universitarios” dan clases en unis privadas
Cuando piensas en una universidad privada piensas en algo similar a Hogwarts: edificios preciosistas, cuadros barrocos en las paredes de las aulas y una calidad formativa excelente. Pero la realidad dista mucho de ese ideal. Al menos aquí en España, donde han proliferado durante estos últimos años una gran cantidad de pequeños centros que ofrecen a los alumnos diferentes posgrados sin, según el Gobierno, alcanzar unos mínimos de calidad educativa. De ahí que desde el ejecutivo de Sánchez pusieran en marcha un decreto para limitar la creación de estos “chiringuitos universitarios” y que todas las universidades, públicas o privadas, proporcionaran una formación verdaderamente útil.
En concreto, como explica el periodista Marcos García Quesada, “el texto incluía medidas como la obligación de impartir docencia en al menos tres ramas del conocimiento y albergar un mínimo de 4.500 estudiantes en un plazo de seis años”, además de “imponer que al menos el 50% del profesorado fuera doctor y que las instituciones destinaran un 5% de su presupuesto a la investigación”. Sobre el papel, nadie, salvo los empresarios detrás de algunos de esos centros, iba a estar en desacuerdo con un decreto que simplemente busca elevar la calidad del estudio universitario, pero el Gobierno del PP en Baleares interpuso un recurso en los tribunales contra él. Y la Justicia se puso de su lado.
Sí, tras pasar por las distintas instancias judiciales, el decreto llegó a manos del Tribunal Supremo, que en septiembre de este año emitió una sentencia en la que confirmaba su anulación por “un grave defecto de forma en su tramitación”, ya que, recoge la misma, el Gobierno prescindió de la consulta obligatoria a las Cortes y recurrió directamente a la llamada tramitación urgente. Sin embargo, el análisis de Quesada revela algunos datos interesantes, como que el presidente del tribunal que dictó esta sentencia “estuvo presidido por el magistrado Luis María Díez-Picazo, que lleva años siendo profesor en la universidad privada madrileña CUNEF”. Una práctica común entre los magistrados.
De hecho, “en el fallo, el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo actuó como ponente y su relación con la enseñanza privada se centra en el CES Cardenal Cisneros”, donde imparte Derecho Administrativo. Y otro de los jueces que firma la sentencia contra el decreto, Manuel Delgado-Iribarren García-Campero, “imparte una de las asignaturas del Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura del Instituto de Estudios Bursátiles, centro privado adscrito a la UCM”. Pese a todo, infoLibre ha contactado con el Consejo General del Poder Judicial para preguntarle por un posible conflicto de intereses y este ha informado de que descarta valorar la actuación de los magistrados.