Uruguay aprobará la primera ley de eutanasia de América Latina
Hay 195 países reconocidos en nuestro planeta y, tristemente, solo 13 ellos contemplan el derecho a una muerte digna o se encuentran en proceso de contemplarlo. En Europa, región supuestamente adalid del progresismo en estas últimas décadas, los ejemplos son muy pocos: Alemania, Austria, Bélgica, España, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Y en América Latina aún menos: están Colombia y Ecuador, aunque ninguno de ellos regularizó la eutanasia por vía legislativa, sino que fue por despenalización tras los fallos de la Corte Constitucional. Ahora Uruguay quiere convertirse en el primer país de la zona en reconocer este derecho en su legislación.
De momento, la Cámara de Diputados del país ya ha aprobado un proyecto de ley sobre la eutanasia para situaciones en las que medie una enfermedad incurable y un sufrimiento extremo. 64 votos a favor y 29 en contra para una iniciativa del Frente Amplio, de izquierdas, pero que también contó con el apoyo de varios partidos de centroderecha. Una historia sorprendente. Especialmente en estos tiempos de retroceso en los derechos civiles en los que las derechas parecen ser cada vez más ultras. Ahora solo falta que el proyecto, titulado Muerte digna, sea expuesto y votado en el Senado, pero el progresismo controla la cámara y es un sí asegurado.
En palabras del exdiputado Ope Pasquet, autor de un proyecto similar no aprobado unos años atrás, para El País, “si el proyecto es aprobado próximamente en el Senado se habrá llegado a una nueva evolución de signo liberal que caracteriza a la historia uruguaya. De hecho, y según el propio Pasquet, “todas las encuestas que se han hecho sobre este tema dicen que la sociedad uruguaya respalda por abrumadora mayoría el proyecto de ley de eutanasia. Cuando las encuestas se hicieron exclusivamente entre los médicos el resultado fue el mismo”. Hay un deseo de proteger a la gente del sufrimiento inevitable. Y tiene todo el sentido.
Por supuesto, y como cita el mismo diario, el proyecto tiene muchos enemigos procedentes del ala más conservadora de la sociedad, representada en el parlamento por diputados como Rodrigo Goñi. Para él, aprobar este nuevo derecho supone “validar por ley la posibilidad de renunciar al derecho a la vida”. Parece que a Goñi se le olvida el derecho a la muerte. A decidir. A que no decidan por ti. Siempre, eso sí, dentro de un marco legislativo claro y de garantías: presencia de patología incurable, mayoría de edad, capacidad psíquica apta, deterioro progresivo y grave de la calidad de vida... No es algo caprichoso como la extremaderecha quiere hacer creer.