Las vulneraciones al derecho a la protesta aumentaron un 66,7% en España el pasado año
Sin la protesta ciudadana no estaríamos aquí de la manera en la que lo estamos. Tendríamos menos derechos. Habría menos libertades. Estaríamos atascados en abusos de poder propios del medievo. Por eso tanta gente considera que la llamada Ley Mordaza, instaurada por el anterior Gobierno del Partido Popular, debería ser totalmente derogada, algo que el actual Gobierno del Partido Socialista no ha querido hacer en siete años de mandato. Y sus consecuencias están ahí: según el nuevo informe anual de Defender a quien Defiende, las vulneraciones al derecho a la protesta aumentaron en un 66,7% durante 2025 respecto al año anterior.
En concreto, y como refleja el documento, la represión crece a través de dos vías diferentes: la penal y la administrativa, “con mayor presencia de intervenciones coercitivas, judicialización y participación de actores privados”, lo que implica el sabotaje de protestas ciudadanas por colectivos organizados tipo Desokupa. En total, y según los datos recabados para este informe, 2025 ha registrado un total de 380 casos, 1.956 vulneraciones y 1.771 personas afectadas en el contexto de protesta”. Esto representa más del doble de casos que en el año 2023. O dicho de otra manera: la tendencia es clara y sólida desde hace unos cuantos años hasta aquí.
Pero, volviendo al pasado año, hubo tres tipos de protestas concretas en las que se registraron más vulneraciones de la media. En primer lugar, las protestas en contra del genocidio israelí en la Franja de Gaza. Hasta 90 casos. Fue en estas manifestaciones en las que se dieron las principales reapariciones del gas pimienta como arma represiva, siendo muy recordado el caso de la Estació de Sants, donde los agentes rociaron gas pimienta a poca distancia de personas que se encontraban sentadas en el suelo pacíficamente impidiendo la entrada del autobús de un equipo de baloncesto israelí. Según el periodista Tomás Muñoz, sin previo aviso.
En segundo lugar, las protestas relacionadas con la vivienda. En palabras de Muñoz, en este tipo de manifestaciones se han registrado “vulneraciones que incluyen intervenciones policiales en desahucios y desalojos, así como actuaciones represivas más allá del evento: sanciones administrativas, procedimientos penales y macrocausas”. Por último, en tercer lugar, las protestas antifascistas, pues “han sido escenario de vulneraciones varias concentraciones contra la extrema derecha dirigidas tanto contra formaciones políticas como Vox y Aliança catalana como contra la presencia pública de agitadores ultras como Vito Quiles y Macarena Olona”.