Así viven los vecinos de Sant Joan Despí que no quieren que la especulación les eche de sus casas

Reuniones de vecinos que terminan tarde, pasar las horas echando cálculos e imaginarse, junto al resto de inquilinos de su edificio, fuera de su casa por no poder asumir la subida del alquiler. Esa es la angustiosa rutina que ha provocado que haya días que Òscar Alcobendas apenas duerma cuatro horas al día. Al igual que todos sus vecinos del bloque de pisos de Avenida Barcelona 113 de Sant Joan Despí, un pueblo del extrarradio de Barcelona, se encuentra inmerso en lo que él llama una ‘batalla de desgaste’ contra quienes pretenden echarle de su hogar. Una situación que transita entre la desesperación y la resistencia, que no escapa de la mirada de los niños que habitan el edificio. "Mi hijo me pregunta qué está pasando y, al mismo tiempo, me dice que no nos van a echar de aquí, que nos quedaremos en nuestra casa", cuenta en un bar cercano al edificio Érica Heras, una vecina de Òscar que al igual que él ronda los ‘treinta y pocos’.

Fue a principios de 2018 cuando llegó la noticia que acabó con el proyecto vital que estos vecinos habían forjado en el lugar. Pirenes Associated, un fondo buitre gestionado por la compañía Medasil, compró el edificio entero con el objetivo de subir el alquiler de sus viviendas entre el 40% y el 100%. Un incremento que los aproximadamente 400 vecinos sufrirían al expirar sus actuales contratos y que ninguno de ellos puede asumir. Ahora pelean juntos sin descanso contra los especuladores inmobiliaros para no tener que decir adiós a ese lugar del mundo al que llaman hogar. Una lucha que ha suscitado el interés medios de comunicación y actores políticos como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de CatComú, Xavier Domènech, que esa misma mañana fueron a visitarles para mostrarles su apoyo.

Resultado de imagen de pablo iglesias visita sant joan despi

Pero la realidad contra la que luchan los vecinos de Sant Joan Despí que no es más que la punta del iceberg del problema. En las grandes ciudades españolas, especialmente Madrid y Barcelona, ya son miles las familias que atraviesan una situación muy similar. Según publicó recientemente el Observatorio Metropolitano de Vivienda de Barcelona, en la capital catalana la subida del precio del alquiler es de una media del 30%, lo que ha provocado que en el 43% de los hogares se destine más del 40% de los ingresos en pagar la vivienda.

Estos aumentos, que parece que no sean conscientes de la precariedad laboral que sufren muchos españoles, hacen que demasiados vivan ahogados para conservar el derecho a una vivienda digna. O, lo que es igual de terrible, que abandonen sus hogares para llegar a final a mes. "Estos casos no quedan reflejados en ninguna parte. Los llamamos los desahucios invisibles porque se les impone un precio desorbitado y, por tanto, les están expulsando de su hogar", cuenta Irene Sabaté, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinos de Barcelona sobre una verdad de la que se habla poco pero que, lamentablemente, es más frecuente de lo que pensamos.

El proceso que lo cambió todo

Cuando los vecinos de Sant Joan Despí se reunieron con Medasil para evitar que subieran su alquiler entre un 40% y 100%, la compañía les dijo que establecerían el precio a partir de su salario, recuerda la inquilina Sara Alcántara cuya situación es un calco de la de Òscar y Érica. Tanto ella como el resto de vecinos se negaron porque, para empezar, la propuesta no tenía en cuenta cuáles son todos sus gastos particulares como, en el caso de Òscar, la guardería de sus dos hijos. "En la panadería nadie me pregunta mi salario para cobrarme el pan a uno o dos euros. Es una brutalidad que no podemos asumir. Esto no es Pedralbes, es un barrio obrero donde la gente se va a trabajar a las cinco de la mañana y vuelve a las ocho de la tarde", comenta Sara indignada mientras su mirada se pierde en el humo que desprende su taza de té.

Sara Alcántara en la habitación de su hijo en su piso de Sant Joan Despí / Alba Losada

Ya desde el primer momento era imposible apreciar ni un ápice de buena voluntad por parte del fondo buitre, una sensación que se acentuó cuando empezaron las negociaciones. Aunque los vecinos nunca se han negado a que se produzca una subida del precio "razonable" —propusieron a Medasil que el importe ascendiera el primer año un 5%, otro 5% el segundo y un 10% el tercero— la compañía les dejó muy claro que serían ellos los que fijarían los términos. Lejos de aceptar su proposición, les respondió que debía hacerlo un 10%, 10% y 12%. Una subida que sería acumulativa y que, por tanto, se traduciría en unos 770, 847 y 950 euros, junto con los aproximadamente 1.800 euros que implicaría hacer un nuevo contrato.

Un aumento desmedido que ninguno de los vecinos de Sant Joan Despí piensa aceptar porque, de algún modo, sería admitir que pasados los tres años tendrían que marcharse y que Medasil ganaría este asalto. "Una persona que cobra alrededor de 1.000 euros no puede terminar pagando 950 euros de alquiler. Pretenden que con el tiempo tiremos la toalla, que nos vayamos, porque saben que no podremos asumir esa cantidad", explica Òscar indignado a la vez que enfatiza que, negociación tras negociación, parece que han ido ganando terreno porque, como dice la célebre frase, "la unión hace la fuerza".

Una de las excusas que Medasil les ha dado para imponer este precio es que estos vecinos viven en pisos de alto standing. Sin embargo, la rutina que viven entre sus paredes hace que la mayoría se opongan a esta premisa por completo. Según cuentan Òscar y Sara, "al llover el parking del edificio se inunda, los acabados están sin terminar, cuando el viento sopla con intensidad los enchufes hacen ruido y entra aire por las ventanas, además, es raro es el día que no se va la luz". En otras palabras, del mismo modo que está ocurriendo con muchas otras viviendas de España, estos pisos de las afueras de Barcelona no se acercan ni un milímetro a su supuesto valor de 1.000 euros al mes.

Que el responsable de ese precio no es el lujo, ni la ubicación sino la pura especulación es algo que se comprueba fácilmente al entrar al piso de Sara. Se trata de una vivienda de construcción reciente, normal y corriente que la inquilina recorre para enseñar el peluche que reposa sobre la cama de su hijo, la cocina en la que preparan sus desayunos o el salón que les ve pasar juntos las horas. Si bien no es un inmueble que justifique la enorme cantidad de dinero que pretenden hacerle pagar, es su hogar y algo que tiene muy claro que no quiere perder. Coger sus cosas y marcharse no es una opción. Luchar contra la especulación, casi una obligación moral.

Una situación justa para unos pocos

Una de las cosas que más enerva a Sara, Érica y Òscar es que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ampara el sucio juego de Medasil. Como comenta la portavoz del Sindicat de Llogaters de Barcelona, cuando en 2013 se modificó dicha directriz la duración mínima de los contratos bajó de cinco a tres años y se derogó que los precios tuviesen que regularse en relación al Índice de Precios de Consumo (IPC). Es decir, dio vía libre a los propietarios y fondos buitre para especular con el precio de la viviendas, que supuestamente es un derecho básico que deberíamos tener todas y todos.

Érica Heras, Òscar Alcovendas y Sara Alcántara revisan unos papeles en la entrada del edificio del que les quieren echar / Alba Losada

Para acabar con un modus operandi que no hará más que echar de la ciudad y de sus alrededores a todas las personas que no les sobra el dinero, la portavoz sindical reclama que se actúe lo antes posible. "Es necesario un cambio de legislación, que los precios de los alquileres se regulen en base a la economía de, por ejemplo, un barrio y no de la situación del mercado", exige Irene Sabaté. Algo que debería establecerse en conversaciones entre los vecinos y la administración y evitar que lo decida esta última por su cuenta. De este modo, la LAU sería un poco más justa para todos y no la excusa perfecta para ganar dinero de unos pocos.

Sin ninguna intención de marcharse

Las palabras que salieron de la boca del hijo de Érica son las mismas que Òscar y Sara se repiten a diario para no rendirse, para recordarse a sí mismos que no están de paso en el edificio. Por mucho que al terminar sus contratos –abril y julio respectivamente– la compañía no les ofrezca unas condiciones "razonables", han decidido que no se marcharán. Depositarán cada mes su alquiler en el juzgado ante un notario para que ni Medasil ni nadie les diga que están ocupando las viviendas. Ellos solo estarán luchando por lo que es suyo y de sus respectivos hijos. "Voy a darlo todo por mi hijo, voy a luchar hasta el final para que pueda quedarse en su casa y en su escuela", insiste Sara con total convicción.

Sara Alcántara nos enseña el salón de su piso / Alba Losada

A pesar de todos los contratiempos y preocupaciones a los que se enfrentan, estos afectados han sido capaces de encontrar la parte positiva de esta nefasta situación. Medasil ha conseguido que unos vecinos que antes apenas se hablaban luchen juntos por la misma causa, coman chocolate con churros en la terraza y se tengan más aprecio que nunca. "Una vecina me dijo: 'os he cogido cariño. Si esto no termina en buen puerto os echaré de menos'", recuerda Òscar con el convencimiento absoluto de que todo aquello por lo que están luchando se hará realidad, de que ellos se van a quedar, de que los vecinos de Sant Joan Despí seguirán juntos.